En el verano de 2010 la policía española detuvo a dos sicarios colombianos que se habían afincado en nuestro país. Entre otros muchos delitos se les atribuyen 200 asesinatos, Esta pareja sanguinaria había elegido una profesión para la que su currículum anterior les acreditaba suficientemente: el cobro de deudas.
Este servicio profesional lo desempeña en España muchos abogados y aunque tengan un título de licenciado en Derecho colgado de la pared y un teléfono en la mano, siguen siendo rompepiernas. Comparten con los asesinos colombianos algunos métodos, digamos poco caballerosos.
A las cuatro y media de una tarde de verano, estaba durmiendo la siesta cuando me despertó mi teléfono móvil. Al otro lado una voz en un dificultoso castellano me preguntó: “¿Es usted José Martínez Selva?”. Respondí afirmativamente y continuó: “Soy Alfredo Molinas, le llamo de los servicios jurídicos del BBVA. Tiene usted una deuda con el banco de 3.000 euros. Esta llamada es para comunicarle que recibirá una notificación de un Juzgado de Elche relativo al cobro de dicha deuda”. Comencé a responder indignado: “Cómo, una deuda, si no tengo ninguna relación con ustedes, pero ¿Cómo se atreve usted a decirme eso? Un Juzgado, pero dice usted que ha estudiado Derecho”. El señor Molinas continuó al otro lado: “Puede ir usted a cualquier oficina del BBVA para ver su deuda y abonarla”. En un momento dado y mientras yo protestaba insistiendo en que no tenía ni idea de lo que me decía, la comunicación se cortó.
Irritado porque no se me hubiera aportado ninguna prueba ni me hubiera dado la oportunidad para una verificación, llamé infructuosamente a dos teléfonos de información que pude encontrar en la página web del BBVA. El número de atención al cliente no sirvió para que comprobaran que yo no era cliente. A la mañana siguiente, y después de una tensa entrevista con una empleada de la primera sucursal que pude encontrar, comprobé que el moroso José Martínez Selva, no tenía nada que ver conmigo (siempre hay la posibilidad un hijo haya contraído una deuda o que uno de tus hermanos haya hipotecado el proindiviso de la herencia). Me confirmó también que el señor Molinas no trabaja para el BBVA sino para una empresa externa.
Intenté localizar al mendaz e impertinente señor Molinas para aclarar el malentendido y sobre todo para procurar que mi nombre y teléfono particular no apareciera en ningún registro o expediente de morosos. Comencé la tarea de localización del letrado y de su ineficiente y molesta empresa a partir de su número de teléfono en un ejercicio de procurar hacer el mismo trabajo que los rompepiernas, pero a la inversa. En modo alguno con la intención de visitarle cuando fuera al colegio a recoger a sus hijos o de importunarle con llamadas a su teléfono móvil. Fue fácil identificar a la empresa barcelonesa Cobroges, pero no conseguí hablar con él o que me devolviera la llamada a pesar de dejar el oportuno recado a la recepción. Llamé dos días más tarde y conseguí hablar con el señor Molinas y explicarle su error. Musitó una excusa y una disculpa “por si le hubiera causado alguna molestia”. Le pedí que me confirmara por escrito que mi nombre y otros datos personales no figuraban en ninguna base de datos de moroso de su empresa. El letrado accedió y se comprometió a enviarme por fax dicho documento. Pasaron los días y finalmente tuve que volver a llamar para recordarle su promesa. Al día siguiente recibí un correcto fax informándome de lo solicitado.
Creo que estas empresas deberían ser más cuidadosas en comprobar identidades, que no deberían mentir, y que podrían mejorar sus sistemas de gestión de calidad del servicio frente a posibles reclamaciones. La falta de profesionalidad, un mal trato a los clientes, la incapacidad para entender lo que es el tratamiento de una queja o reclamación les aproximan a sus colegas colombianos. Un rompepiernas, aunque sea licenciado en Derecho, sigue siendo un rompepiernas.
