jueves, 21 de octubre de 2010

Los Rompepiernas


En el verano de 2010 la policía española detuvo a dos sicarios colombianos que se habían afincado en nuestro país. Entre otros muchos delitos se les atribuyen 200 asesinatos, Esta pareja sanguinaria había elegido una profesión para la que su currículum anterior les acreditaba suficientemente: el cobro de deudas.

Este servicio profesional lo desempeña en España muchos abogados y aunque tengan un título de licenciado en Derecho colgado de la pared y un teléfono en la mano, siguen siendo rompepiernas. Comparten con los asesinos colombianos algunos métodos, digamos poco caballerosos.

A las cuatro y media de una tarde de verano, estaba durmiendo la siesta cuando me despertó mi teléfono móvil. Al otro lado una voz en un dificultoso castellano me preguntó: “¿Es usted José Martínez Selva?”. Respondí afirmativamente y continuó: “Soy Alfredo Molinas, le llamo de los servicios jurídicos del BBVA. Tiene usted una deuda con el banco de 3.000 euros. Esta llamada es para comunicarle que recibirá una notificación de un Juzgado de Elche relativo al cobro de dicha deuda”. Comencé a responder indignado: “Cómo, una deuda, si no tengo ninguna relación con ustedes, pero ¿Cómo se atreve usted a decirme eso? Un Juzgado, pero dice usted que ha estudiado Derecho”. El señor Molinas continuó al otro lado: “Puede ir usted a cualquier oficina del BBVA para ver su deuda y abonarla”. En un momento dado y mientras yo protestaba insistiendo en que no tenía ni idea de lo que me decía, la comunicación se cortó.

Irritado porque no se me hubiera aportado ninguna prueba ni me hubiera dado la oportunidad para una verificación, llamé infructuosamente a dos teléfonos de información que pude encontrar en la página web del BBVA. El número de atención al cliente no sirvió para que comprobaran que yo no era cliente. A la mañana siguiente, y después de una tensa entrevista con una empleada de la primera sucursal que pude encontrar, comprobé que el moroso José Martínez Selva, no tenía nada que ver conmigo (siempre hay la posibilidad un hijo haya contraído una deuda o que uno de tus hermanos haya hipotecado el proindiviso de la herencia). Me confirmó también que el señor Molinas no trabaja para el BBVA sino para una empresa externa.

Intenté localizar al mendaz e impertinente señor Molinas para aclarar el malentendido y sobre todo para procurar que mi nombre y teléfono particular no apareciera en ningún registro o expediente de morosos. Comencé la tarea de localización del letrado y de su ineficiente y molesta empresa a partir de su número de teléfono en un ejercicio de procurar hacer el mismo trabajo que los rompepiernas, pero a la inversa. En modo alguno con la intención de visitarle cuando fuera al colegio a recoger a sus hijos o de importunarle con llamadas a su teléfono móvil. Fue fácil identificar a la empresa barcelonesa Cobroges, pero no conseguí hablar con él o que me devolviera la llamada a pesar de dejar el oportuno recado a la recepción. Llamé dos días más tarde y conseguí hablar con el señor Molinas y explicarle su error. Musitó una excusa y una disculpa “por si le hubiera causado alguna molestia”. Le pedí que me confirmara por escrito que mi nombre y otros datos personales no figuraban en ninguna base de datos de moroso de su empresa. El letrado accedió y se comprometió a enviarme por fax dicho documento. Pasaron los días y finalmente tuve que volver a llamar para recordarle su promesa. Al día siguiente recibí un correcto fax informándome de lo solicitado.

Creo que estas empresas deberían ser más cuidadosas en comprobar identidades, que no deberían mentir, y que podrían mejorar sus sistemas de gestión de calidad del servicio frente a posibles reclamaciones. La falta de profesionalidad, un mal trato a los clientes, la incapacidad para entender lo que es el tratamiento de una queja o reclamación les aproximan a sus colegas colombianos. Un rompepiernas, aunque sea licenciado en Derecho, sigue siendo un rompepiernas.

domingo, 1 de agosto de 2010

"Práctica Cultural"


Leo en la prensa que Juana López Calero, Secretaria de la Asociación Murciana de Ayuda a la Infancia Maltratada, califica la ablación genital de “práctica cultural” (La Opinión de Murcia, 25 de abril de 2010). Para ser precisos, es el periodista quien extrae de sus declaraciones la expresión. En un exceso de corrección política, la señora López intentaba desvincular al Islam de la ablación genital, y la ingenuidad de la entrevistada facilitó el titular. Da igual si el hecho lo cometen cristianas (menos frecuentemente), musulmanas (mayoritariamente) o animistas. Esta salvajada se realiza en 28 países, la mayoría africanos, y amenaza cada año a tres millones de niñas. No hay datos de que este acto abominable de violencia entre mujeres se cometa en territorio español. Las inmigrantes aprovechan la estancia de vacaciones en su país para cometerlo.

Llamar “práctica cultural” a una agresión brutal y delictiva es uno de los eufemismos más descarados que conozco. Los eufemismos son peor que las mentiras. Esconden e incluso justifican atrocidades. Puede denominarse “práctica cultural”, según este peculiar criterio lingüístico, al Holocausto nazi, a la invasión de Irak, a los atentados del 11-S y del 11-M, a lo que los israelitas le hacen de vez en cuando a los palestinos, al maltrato doméstico a las mujeres, al asesinato de un seguidor de un equipo de fútbol por los de un equipo rival y a un montón de hechos que merecen calificativos más duros.

Con el empleo de este término y otros de la misma categoría, como llamarlos “ritos de iniciación”, se intenta según el lingüista Lakoff, remitir el crimen al marco de la discusión académica de corte sociológico y antropológico. No sólo se tapa el hecho con palabras, sino que se minimiza y se sustrae del ámbito e instrumentos que se deben emplear para combatirlo. Un hecho o una “práctica cultural” es cualquier comportamiento que ocurre en la sociedad y, por lo tanto, no significa nada. Ahora bien, al referirse así a una agresión salvaje, se la disfraza y se le resta gravedad. Aquí hay víctimas, agresores, heridas, infecciones y secuelas físicas y psicológicas. Es el terreno de la policía, la justicia, la criminología, la victimología y la psiquiatría. Si las mujeres de esta asociación, o del periódico en cuestión, hubieran sufrido una agresión de este tipo, no utilizarían estas palabras y, desde luego, actuarían de otra forma.

Otros aspectos de estos intentos de ocultamiento son más perversos, ya que crean una narrativa (“script”) que los justifica y dificulta su denuncia y persecución. Al atribuir el carácter “cultural” a un hecho brutal y delictivo, no sólo se minimiza su gravedad. La cultura goza de una aureola de respetabilidad que bloquea cualquier ataque a todas sus manifestaciones, por crueles y sanguinarias que sean. Si una persona va contra la cultura es un bárbaro y un fascista. El manto protector de esta narrativa arropa a los criminales. También se transmite la idea que a un hecho cultural se le combate con armas “culturales”: educación, lectura, conferencias, presentaciones con “power-point” y distribuyendo folletos. Así, la citada asociación dedica a este problema actividades como cursos, conferencias, e impresión y distribución de folletos para que las inmigrantes de algunos países africanos no cometan esta salvajada. A las delincuentes que justifican, organizan y ejecutan estos crímenes hay que perseguirlas, castigarlas legalmente y expulsarlas del país. No basta con armas “culturales”.

El lenguaje no es neutro y muchas veces duele. No tanto como la cuchilla con la que le cortan a la niña indefensa el clítoris y los labios menores, pero también hiere y mutila.

domingo, 2 de mayo de 2010

El Libro de Arena


La metáfora del homónimo cuento de Jorge Luis Borges, ese libro de infinitas páginas sin principio ni fin la utilicé en La Gran Mentira para expresar el ilimitado número de grandes mentirosos y grandes fraudes. No sólo los producidos y descubiertos hasta ahora, sino los que continuarán apareciendo y que prolongarían ad eternum un hipotético tratado que los recopile, convirtiendo la tarea de su descripción en enojosa e interminable. A tan sólo unos meses desde la publicación del libro, el elenco de fabuladores y el repertorio de grandes mentiras y fraudes sigue aumentando.

Recién entregado el manuscrito a la editorial se descubrió y saltó a los medios de comunicación el caso de Bernard Madoff, equiparable a nuestra Baldomera de Larra, hija del insigne periodista, y a los clásicos estafadores Ponzi y Kreuger. Madoff estafó más de 65.000 millones de dólares a unos 5.000 clientes, entre los que se cuentan su propia familia, ricos y famosos de todo el mundo e instituciones benéficas judías. Entre los estafados figuran también reputados banqueros, algunos de la tradicional banca suiza y también de la española, incluyendo varios miembros de la familia Botín. También cayeron en sus redes pequeños inversores cuyos ahorros eran agrupados por los intermediarios en grandes “paquetes” que se entregaban a “Bernie” Madoff y colaboradores. Los asesores, a quienes sus clientes pagaban por un consejo derivado de la experiencia y del análisis de los mercados, reducían su “savoir faire” a prometer generosos dividendos y a depositar los fondos en manos del ladino Bernie. Dentro del más puro estilo de estafa piramidal el truhán pagaba los intereses de los clientes veteranos con el dinero fresco de los nuevos. Mientras las Bolsas subían todo iba viento en popa. La caída, que antes o después debía producirse, se precipitó por la crisis financiera desencadenada en 2007.

Otra peculiaridad de Madoff, y común a muchos estafadores, es la de revestirse de una aureola de respetabilidad. Fundó su propia empresa de inversiones en 1960 y había sido presidente del NASDAQ, mercado norteamericano de valores de empresas tecnológicas. En parte, esta buena reputación se la había labrado a través de sus actividades filantrópicas, especialmente entre la comunidad judía lo que le proporcionaba, además, buenos contactos. Era un importante donante a universidades, como la Universidad Yeshiva y otras fundaciones benéficas de la misma religión. Como ocurre con los psicópatas, poseía encanto personal y era discreto y elegante. Cultivaba las relaciones sociales de alto nivel, especialmente entre la élite financiera.

No hay estafador sin un “primo” que se deje tentar por una ganancia segura elevada y se deje arrastrar por las apariencias. Bernie no sólo dominaba la mecánica del mercado, sino también la de la mente del inversor. Para suscitar la codicia ofrecía rentabilidades anuales de entre el 8 y el 12%. Utilizaba un truco parecido al del famoso estafador Víctor Lustig: hacerse de rogar. Un cualquiera no podía ser cliente suyo. Hacía falta para ello tener mucho dinero y el financiero judío se reservaba el derecho de elegir a sus clientes: es la vieja táctica de crear distancia para despertar el interés. Hacía creer al cliente que al captar su dinero pasaba a pertenecer a un club selecto y distinguido.

A posteriori, Madoff ha manifestado su asombro por no haber sido descubierto antes, ya que parece que el fraude comenzó en los años 80 del pasado siglo. Se habían recibido seis denuncias contra él, una de ellas en el año 2000 y al menos dos artículos en publicaciones de prestigio señalaban los puntos oscuros de sus actuaciones, entre ellos el que durante diez años no había realizado ninguna transacción. La autoridad reguladora financiera norteamericana, la Security and Exchange Commission llevó a cabo cinco inspecciones entre 1992 y 2008, sin que se detectaran infracciones. Dos de ellas, en 2004 y 2005, se realizaron de forma independiente. A pesar de haberle atrapado en mentiras y contradicciones no se consiguió probar nada. Tras ser detenido e interrogado, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y hoy cumple condena a perpetuidad.

El fraude en la élite es más difícil de descubrir. Los expertos y directivos son los que mejor conocen el sistema, especialmente las medidas de seguridad, a lo que se une que los controles son más laxos en los niveles altos de responsabilidad. Es donde hay confianza y está mal visto desconfiar. También es más fácil que los escándalos queden impunes y se tapen para proteger la imagen pública de las entidades afectadas. Se llega al extremo de asumir los costes y prescindir del responsable del desaguisado con discreción.

Otro caso reciente es el de Félix Millet, destacado miembro de la burguesía catalana y persona completamente desconocida en el resto de España hasta que se descubrió una estafa que asciende de momento a más de treinta millones de euros. Protegido como Madoff por sus contactos, su reputación, y sus influencias, Millet ha protagonizado uno de los escándalos más sonados de fraude y corrupción en nuestro país, en el que se unen la política, la cultura, las finanzas y la filantropía.

Millet pertenecía a la alta burguesía catalana, unas cuatrocientas personas en total, que se conocen muy bien entre ellas y que aparentemente controlan la vida social, y parte de la económica, de Barcelona y Cataluña. Nombrado en 1978 director del emblemático Palau de la Música, era alguien fuera de toda sospecha. Ocupaba cargos en numerosas entidades, incluyendo la presidencia de la aseguradora “Agrupació Mutua”. Se aprovechó de su posición y sus contactos y durante años cometió irregularidades, desfalcos y desviaciones de fondos del Palau. La lista de actos delictivos perpetrados por Millet y colaboradores es interminable. Utilizaban facturas hinchadas, pagaban por obras no realizadas, desviaban dinero a empresas interpuestas y a cuentas bancarias propias, realizaron pagos directos y a través de fundaciones a partidos políticos, y gastaron enormes sumas en su propio beneficio: reformar sus residencias, celebraciones y viajes familiares. También han reconocido ser titulares de cuentas corrientes en Suiza. Como en todos los grandes fraudes, las sospechas existían desde tiempo antes, en concreto desde 2002. Entonces, el equivalente catalán al Tribunal de Cuentas informó de las irregularidades al gobierno regional. La investigación que terminó con sus andanzas la inició la Agencia Tributaria al detectar partidas de billetes de 500 euros distribuidos desde el Palau. Casos como los de Madoff y Millet continuarán produciéndose.

El mundo del periodismo ha aportado su cuota de grandes sinvergüenzas con Wallace Souza, periodista brasileño, político, diputado por el partido liberal en el parlamento del estado de Amazonas. Ex policía y ex militar, Souza era presentador de un programa de televisión líder en audiencia en la emisora Canal Livre, y encasillable en lo que se llama “telerrealidad”. Souza fue detenido y acusado de liderar una peligrosa banda de delincuentes involucrados en el tráfico de drogas, entre cuyas fechorías se encuentran varios asesinatos de competidores. Al parecer, planeaba y ordenaba las muertes de sus rivales y los transmitía casi en directo en sus emisiones. A menudo las cámaras llegaban a la escena del crimen antes que la propia policía. Para estupefacción de los investigadores, Souza “resolvía” algunos de los casos que difundía.

No es lejano este modus operandi, si no en la sustancia sí en el procedimiento, a la “telebasura” española. Dejando aparte la gravedad de los crímenes, el hecho de que un periodista organice, escriba el libreto o apoye que dos personas se pongan de acuerdo para que una acuse a la otra de algo impropio, se enfaden y finalmente se reconcilien para pasearse por los platós y repartirse las ganancias es también fabricar noticias.

También en el ámbito de los medios de comunicación y de la búsqueda de la fama, y a través de ella del dinero, se ha conocido el caso de la familia Heene. A mediados de octubre de 2009, el señor Heene residente en Denver, llamó a la policía diciendo que su hijo menor viajaba solo y por accidente en un globo de helio por los cielos del estado de Colorado. Mientras se interrumpía el tráfico aéreo en la zona, un helicóptero siguió al globo durante unas horas interminables hasta que aterrizó. Se comprobó entonces que en su interior no había ningún niño. Poco después el menor salía del desván de su casa, donde estaba encerrado. Unos padres en busca de notoriedad habían provocado este incidente, atrayendo la atención de todo el mundo durante unas cuantas horas. Rápidamente confesaron la invención. Ya habían participado en programas de telerrealidad y la búsqueda de la fama rápida les llevó a urdir el engaño colectivo.

Sin querer, ni poder, agotar los casos quiero terminar refiriéndome a un asunto que huele de lejos a estafa. Sin disponer de datos contundentes para poder sostenerlo delante de un tribunal sí se divisa la sospecha de algo poco claro en la manipulación de los recibos de la luz por parte de las compañías productoras y distribuidoras de electricidad en los últimos meses. Desde mediados de 2008 miles de españoles comprueban como sus recibos de la luz ofrecen cifras de consumo elevadas sin que exista justificación para ello. Facturas desmesuradas incomparables con cualquier recibo de otros meses. Miles de reclamaciones se han presentado en las oficinas de atención a los consumidores en todas las Comunidades Autónomas.

La explicación, o más bien un falso pretexto, es el cambio de la tarifa bimensual a mensual, en virtud del cual las compañías deben facturar mensualmente pero sólo disponen de contadores de lectura bimensual. Esta situación conduce a que uno de cada dos meses los consumos son “estimados” y no reales. Hasta aquí todo bien, el problema es que algunas de estas “estimaciones” triplican las cuantías de los meses de mayor consumo en un período de tres años, lo que indica que el cálculo realizado por las empresas no sigue en modo alguno una estimación mensual. Si fuera cierta y cabal la estimación realizada, en un solo mes se podría reajustar la estimación al consumo real y no habría reclamación alguna. A esta actuación, se une la picaresca española más rancia: cobrar muy poco un mes para acumular el consumo al mes siguiente, por ejemplo enero de 2009, y aplicar las nuevas tarifas más elevadas además de la penalización por exceso de consumo. Esta práctica llevó a miles de reclamaciones más en los meses de enero y febrero de 2009 en todo el país. El problema no es la “estimación” sino la elevación injustificada de la factura

La impresión es que mientras las eléctricas callan y devuelven, o no como sucede en muchos casos, el importe de la sobrecarga en los recibos, se van capitalizando y mejorando su cuenta de resultados. Los clientes actúan como prestamistas y se pueden consolar imaginando que están financiando a las compañías eléctricas, a modo de un nuevo capitalismo popular. En este peculiar lance en el que el gobierno de la nación apoya con su silencio a estas compañías y en el que las asociaciones de consumidores han obtenido magros resultados, surge claramente la dificultad de denunciar al poderoso. Es improbable que un periódico o una cadena de televisión se dedique a investigar este asunto hasta el fondo. La fuerte imbricación del poder empresarial, político y periodístico obstaculiza el curso de la denuncia. Una herencia poco denunciada del franquismo es el respeto reverencial a las autoridades las grandes compañías. Vivimos en una ausencia total de activismo contra los abusos de las grandes compañías. El contubernio gobierno-corporaciones-grupos de comunicación contribuye a dejar al ciudadano indefenso y a merced de los vaciabolsillos.

El consumidor se enfrenta a entidades que invierten cantidades fabulosas en campañas de imagen, presentándose como empresas punteras en la innovación y el respecto al medio ambiente. Buscan, como Madoff y Millet, revestirse de una aureola de respetabilidad que realce su imagen, les proteja de ataques y justifique unas actuaciones inadmisibles, más propias de delincuentes callejeros que de los paladines de la nueva economía del siglo XXI. Se suman con sus poderosos recursos a los indecentes protagonistas del Libro de Arena real.

Al repasar estas líneas recuerdo el caso de Grecia falseando sus cuentas ante el mundo financiero internacional. Leo en un periódico nacional el caso de otro periodista, en este caso italiano, que se inventaba exclusivas. El libro de arena no tiene ni principio ni fin.

domingo, 4 de abril de 2010

Smoking Gun


“Cañón humeante” podría ser el nombre adecuado para el policía nacional que fuma un pitillo mientras hace guardia. En el ámbito jurídico se aplica a veces a la disponibilidad de una prueba que inculpe de forma clara e inequívoca, y no simplemente circunstancial, a un sospechoso. En La Gran Mentira me referí a la falta de pruebas de las que adolecían los defensores de la teoría conspirativa de los atentados del 11M.

Ante sucesos tan brutales buscamos explicaciones que nos satisfagan. A menudo la versión oficial no puede explicarlo todo y sabe a poco. Siempre habrá lagunas, inexactitudes y coincidencias inexplicables, que muchas veces sugieren que pasó más de lo que se sabe y se dijo. En paralelo se desarrollan teorías basadas más en las emociones y en el alineamiento ideológico que en pruebas sólidas. Se termina aceptando más fácilmente las hipótesis que están de acuerdo con las actitudes e ideología de cada uno. Las hipótesis conspirativas encajan bien en lo que a uno le gustaría que pasara y, especialmente, en atribuir la culpa de lo sucedido al enemigo, lo que se ha llamado “sesgo de maldad”. El adversario es tan malo que o lo ha hecho él, o lo ha planeado y lo han hecho otros, o ha puesto los medios para que se cometa la atrocidad, o lo sabía y no lo ha impedido, o no quiere que se sepa la verdad porque se ha beneficiado del suceso y la oculta o impide deliberadamente que las cosas se sepan. O todo a la vez.

Mi idea respecto a las teorías conspirativas es que su mejor destino es convertirse en hipótesis de investigación. Pero deben descartarse si no se encuentran pruebas más allá de lo razonable.

Las teorías conspirativas suelen ser variadas: más o menos lógicas y más o menos alejadas de la realidad. También son voraces. Utilizan todos los datos para componer el argumento explicativo, siempre alrededor de unos autores emparentados con los enemigos ideológicos por intereses siniestros, o cuanto menos egoístas. Este tipo de teorías evolucionan con el tiempo y muchas de ellas se marginalizan y pasan a ocupar su espacio en la Red o en publicaciones de segunda fila. Así, las teorías conspirativas del 11S han ido perdiendo fuerza con el tiempo y prácticamente han sido enterradas desde la llegada de Barack Obama al poder. Nadie imagina que una de sus preocupaciones sea la de reabrir una investigación que se terminó con el informe oficial, en el que participaron representantes de los dos partidos. No obstante sobreviven teorías conspirativas en la red al respecto y para muchas personas son la única verdad.

Las teorías del 11M han evolucionado también. Por una parte ha disminuido la carga emocional y las teorías se han vuelto más realistas. Un reflejo de ello es lo que se puede leer en los dos periódicos contendientes en esta arena. El diario El País publicó el 11 de marzo de 2009 un artículo de Fernando Reinares, del Instituto Elcano, cercano al gobierno, que manifestaba esta tendencia. En nombre del interés nacional Reinares insistía en investigar a fondo la trama que organizó el bárbaro atentado. El diario El Mundo, por su parte insiste en la línea de investigación del explosivo utilizado. Precisamente estas dos incógnitas, quién organizó y planificó las explosiones, y cuál era el contenido exacto de los explosivos, son dos aspectos que la sentencia judicial del 11M deja en el aire. Por supuesto, es más que legítimo que quien no acepte la tesis oficial investigue y aporte pruebas.

Hace unos meses se publicó un excelente libro, La Cuarta Trama, cuyo autor José María de Pablo actuó como abogado de la acusación, representando a las víctimas, y que plantea las hipótesis conspirativas desde un punto de vista marcadamente objetivo, ateniéndose a lo probado. El autor encuentra indicios de la existencia de personas, expertos, que pudieron planificar y organizar los atentados y nunca fueron detenidos. Creo que todos estamos de acuerdo en este punto. También describe indicios de que parte de las investigaciones fueron entorpecidas por algunos miembros de las fuerzas de seguridad. No aporta, y lo reconoce en el libro, pruebas contundentes. No hay cañón humeante.

En alguna entrevista he explicado que las actuaciones e informes policiales pueden sesgarse o maquillarse por diferentes motivos: cubrir a un compañero o a un departamento o brigada, ocultar pasadas negligencias, errores, o incluso delitos, de uno mismo o de otros. Las pruebas pueden ser manipuladas para "cuadrar" el informe policial y presentar al juez (y a la opinión pública) un buen caso. La misma manipulación podría hacerse para que ciertos datos que pueden perjudicar al gobierno de turno se silencien. No creo, ni he visto ni leído, que exista base para que una acción de estas características pueda apuntalar la hipótesis de que deliberadamente se está ocultando o protegiendo a uno o más culpables.

La línea de los explosivos es interesante porque los indicios puestos de manifiesto en La Cuarta Trama y en la investigación de El Mundo, revelan que pudieron utilizarse sustancias del mismo tipo que las utilizadas por ETA. Esto último llevaría a pensar que el origen de los explosivos no sería sólo la mina asturiana, sino que podrían haberse obtenido de otras fuentes: el mercado negro de explosivos o la propia ETA. No hay pruebas sin embargo de que ETA haya estado implicada, sí indicios de que parte del explosivo podría haber sido suministrado por los matones vascos. Incluso si ETA vendió explosivos, no añadiría nada a la maldad del terrorismo nacionalista vasco, ni confirmaría que tuvo una participación activa en el atentado. Sí es cierto que esto atacaría no tanto a la versión oficial, sino a la calidad de la investigación policial, presumiblemente ya dañada según lo dicho en el párrafo anterior.

Nada me gustaría más que se supiera toda la verdad de lo sucedido (creo que será imposible). La versión “fuerte” de la teoría de la conspiración no es creíble. Pero al día de hoy, me gusta que los dos diarios nacionales coincidan en algo.